La iniciativa Flotas Limpias Avanzadas, que busca regular a las flotas de cero emisiones de servicio mediano y pesado, acordada en días pasados por la Junta de Recursos del Aire de California, y de la cual se espera una decisión final en la primavera de 2023, atraerá dificultades para los transportistas de Baja California que cruzan la frontera norte.
Si bien la propuesta es una noticia positiva para el medio ambiente, es claro que atrae nuevos retos que enfrentarían los empresarios del lado mexicano. “El calendario de aplicación de esta ley propone que a partir del 2025 todos los transportistas que tienen vehículos ligeros de menos de 26 mil libras deberían renovar en un 10% la flota con vehículos eléctricos; posteriormente, a partir del 2027 se iniciaría con los camiones day cab y a partir de 2030 se dará el salto a las demás configuraciones”, detalló en entrevista para T21, Israel Delgado, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
El costo de las unidades también supone un freno para la renovación planificada, ya que en comparación con un vehículo diésel uno eléctrico llega a costar más del doble (de 400 a 450 mil dólares), a esto se tendría que sumar el costo de la estación de carga que ronda los 150 mil dólares, puesto que la iniciativa no contempla una infraestructura pública, sino que sean las mismas empresas las que instalen sus propios cargadores.
“Estamos a favor de las energías limpias y tenemos que buscar alternativas para reducir los contaminantes al medio ambiente, sin embargo, esto nos pone un reto importante también por la autonomía, por ejemplo, un vehículo para última milla o para las ciudades tiene una autonomía promedio de 150 millas esto quiere decir que cada 150 millas el vehículo se tiene que parar por lo menos tres horas para ser recargado”, anotó Delgado.
A esto se le suman dos interrogantes para las que aún no hay respuesta, primera, el costo de los vehículos eléctricos en el mercado de seminuevos y, en segundo lugar, qué sucederá con las baterías del litio luego de que su vida útil termine.
Si bien California ha contemplado incentivos fiscales y apoyos económico para la transición -que llegan hasta el 50% del valor del vehículo eléctrico-, en México no se vislumbra un esquema parecido para impulsar el cambio tecnológico y apoyar a los empresarios nacionales.
“Hemos llevado el tema al gobierno del estado de Baja California a través de la Secretaría de Economía (SE), de modo que pueda gestionar con su homólogo en California condiciones que nos permitan continuar con la cadena de suministro, porque esto no sólo sería un golpe al transporte, también sería un golpe a la competitividad del estado, pues el intercambio comercial entre Baja California y California asciende aproximadamente a 400 millones de dólares diarios”, abundó.
La respuesta del gobierno de la entidad ha sido favorable. Delgado compartió que hay voluntad de gestionar con California condiciones que permitan que el transporte binacional continue operando.
“Parte de nuestra propuesta es que el estado de California extienda los incentivos para las empresas binacionales que cuentan con establecimiento en el lado mexicano, asimismo que consideren el tema de infraestructura pública… recordemos que hoy tanto California como Baja California tienen un problema de suministro de electricidad, por lo que la disponibilidad y el costo de la energía es otro tema”, expuso.
Actualmente la iniciativa exenta a flotas con menos de 50 camiones, sin embargo, no se tiene claridad de hasta cuándo se dará esta excepción. Delgado detalló que la medida podría poner en peligro la operación de empresas pequeñas y medianas que operan en la región, tal como está sucediendo con los más de 800 camiones que dejarán de circular en California, debido a que no alcanzaron a cumplir con lo establecido por el California Air Resources Board.
“Busquemos la empatía de los gobiernos para que las condiciones de competitividad sean homologadas o sean parecidas en el terreno sobre todo de las finanzas, que es en donde el transporte mexicano está experimentando mayores complicaciones por las altas tasas de interés y las condiciones desfavorables para la adquisición de vehículos a crédito”, compartió el representante de los transportistas en la región.
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