Para coadyuvar a la materialización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), además de conseguir datos confiables sobre la flota circulante en el país y contribuir a la reducción de hechos delictivos, es necesario desempolvar la Ley General de Control Vehicular, de acuerdo con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Debido a que hay una deficiencia, inconsistencia e información poco fiable en el Registro Público Vehicular (Repuve) -que es una herramienta necesaria para la toma de decisiones y ejecución de planes en el marco de la LGMSV-, es urgente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como diversas dependencias gubernamentales, trabajen conjuntamente bajo un compromiso de resolver la problemática.
Para Rosales, desde la propia concepción y puesta en marcha del Repuve existieron fallos que se han ido acarreando y sumando, en lo que hoy es una completa desorganización de la información.
“Es un absoluto desorden que hace que no se cumplan los objetivos para los cuales fue creado el Repuve, que es el coadyuvar a la seguridad pública, así como otorgar seguridad jurídica a todos los involucrados en actividades económicas relacionadas con los vehículos, y por supuesto otorgar seguridad jurídica a los poseedores de los automotores”, detalló.
Para el directivo, no basta con una reorganización del órgano, sino que es obligatoria la refundación del Repuve, que se afinque sobre el orden jurídico, homologando procedimientos en todo el país. Lo que se busca con la Ley General de Control Vehicular es tener una placa única vinculada al vehículo y no al propietario, lo que minimizaría las malas prácticas y cerraría la brecha de oportunidad a la ilegalidad.
Otra fase importante es la inversión pública, para Rosales es necesario adquirir un nuevo sistema y equipos modernos. Además, es crucial que exista una interconexión y homologación en todas las entidades federativas y que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) modernice sus procesos, porque existe gran obsolescencia por parte de la dependencia en el tema del control vehicular de placas federales.
“Es un caos, desorden y obsolescencia que genera un nicho fértil para la criminalidad, el robo y sustitución de vehículos, y nos priva de elementos para poder tener un mayor control y seguridad en las vialidades en carreteras y ciudades”, dijo.
En este contexto calificó de ilógica la LGMSV, pues es manifestante del desconocimiento de la problemática que se vive en el tema. “La base de datos está llena de basura... pero históricamente ningún gobierno ha tomado la decisión de modificar el marco jurídico y hacer una inversión real en el tema”, detalló el presidente ejecutivo de la AMDA.
La conformación del nuevo Repuve debe ser tomado como prioridad y conformar un gabinete de trabajo multidisciplinario por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder tener una correcta asignación de recursos para la creación de la infraestructura necesaria.
“Es un tema complejo en el que nuestro país está totalmente rezagado, no hay ninguna aportación de datos fiables para la implementación de la LGMSV, que en realidad es un catálogo de buenos deseos, bajo las condiciones en las que nos encontramos”, dijo.
Al cierre de 2022 la Ley General de Control Vehicular sigue con el freno de mano, guardada en el cajón de los legisladores.
“Durante los últimos tres años todas las organizaciones cámaras y asociaciones relacionadas con la industria, junto con la Dirección General del Repuve, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) avanzamos en un texto consensuado que está parado, porque no se toma la decisión política de presentar la iniciativa en el Congreso, cabildearla y poder tener este nuevo marco jurídico que requerimos”, compartió Rosales.
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